El 10 de agosto la Casa Blanca anunció un programa de 26 elementos para ejercer su autoridad total de imponer una política de represión total contra los inmigrantes, expandir los programas de trabajadores temporales, y militarizar aun más a la frontera sin ningún mecanismo para legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Básicamente constituye la implementación de las demandas de los republicanos en el Congreso para una política de mano dura. Personas que lo critican lo califican como un programa para aumentar el miedo, la vulnerabilidad y la explotación de los indocumentados.
A lo largo de la frontera el plan proyecta agregar 18.300 agentes fronterizos, una muralla de 370 millas, barreras antivehículos por 300 millas, 105 torres con cámaras y radar y el aumento de cárceles para deportar rápidamente a la gente. Medidas represivas en el interior incluyen más cooperación entre el gobierno federal y policías estatales y municipales.
El meollo de la estrategia represiva es una colaboración entre la Administración del Seguro Social con el departamento de Seguridad Patria en llevar a cabo las leyes de inmigración. El sistema de Seguro Social compartirá con Seguridad Patria información sobre números de Seguro Social que no pueden comprobar de gente trabajando. La Administración del Seguro Social envía cartas a las empresas cuando el número de Seguro Social no corresponde con el nombre del empleado. El propósito original de las cartas fue la de asegurar que los pagos a las cuentas de Seguro Social se le asignan al trabajador correcto.
El plan es de enviar 140.000 cartas a los patrones que tienen por lo menos 10 empleados con discrepancias en su información. El patrón tendrá 90 días para que sus empleados resuelvan el problema, y si no lo hacen, los tiene que despedir. De otra manera, el patrón riesga ser multado.
“Estas propuestas … promueven la discriminación, atemorizan a las comunidades y promueven un ambiente cada vez más antiinmigrante que es también fundamentalmente antiamericano”, dice Eliseo Medina, vicepresidente de SEIU, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. Janet Murgia, presidente del National Council of La Raza (NCLR), calificó al programa como “un atropello en contra de los derechos civiles de todos los hispano-americanos… el perfilamiento racial de todos los trabajadores latinos”.
Ana Avendaño, abogada general para la AFL-CIO, dijo “la mano dura se está aplicando solo en contra de los trabajadores. Ellos no hacen ninguna inspección laboral, de modo que simplemente les están dando a los patrones otra herramienta par reprimir a los derechos laborales”.
El activista y periodista laboral y pro derechos de los inmigrantes David Bacon dice “Si se implementa esto millones van a perder sus empleos”. Pero lo más probable es que se va a hacer de forma selectiva, como las redadas a fábricas sindicalizadas el año pasado.
“Esto no va a lastimar solamente a inmigrantes”, dice Nativo López, presidente de la Mexican American Political Association. “Hay 18 millones de trabajadores con discrepancias, muchos que cambiaron de nombre o apellido, direcciones, personas nacidas en el extranjero con maneras inusuales de letrear sus nombres… los inmigrantes son el blanco principal”.
Peter Shey, director ejecutivo del Centro pro Derechos Humanos y Ley Constitucional, ve al programa como “parte de la estrategia del partido republicano para las elecciones presidenciales”. Señala que el público le echa la culpa a ambos partidos por no haber llegado a un acuerdo sobre una ley de reforma de inmigración “pues ahora van a jactarse de ser ‘duros’ en el aspecto de imposición” de las leyes represivas.
“La situación de la comunidad ya era seria, y ahora esto” dice Richard Estrada, párroco de la Iglesia Católica Nuestra Señora Reina de Los Ángeles – La Placita. “Se necesita un esfuerzo organizativo bien serio con distintas tácticas”, dijo Estrada.
El activista y periodista David Bacon dice “hay que fomentar un movimiento social mucho más grande que pueda ganar la opinión publica, con más participación en la coalición, y más consciencia de las dinámicas nacionales e internacionales”.
Joelle Fishman, quien encabeza la comisión de acción política del Partido Comunista de Estados Unidos, dice: “Bush está minando al proceso democrático por medio de estos reglamentos durante el receso congresional. Se necesita un tremendo clamor público para pararlos antes de que entre en vigencia. Estas reglas están diseñadas para atemorizar a las comunidades inmigrantes, pero van a perjudicar a todos los trabajadores. El intento de usar la inmigración como un arma demagógico para dividir a los votantes en 2008 debe convertirse en su contrario. Todas las personas democráticas debemos unirnos para rechazar a estas políticas represivas”.
