A la hora de cierre de este número de Nuestro Mundo la situación en Puerto Rico se encuentra tensa con la expectativa que los profesores del sistema de instrucción público se pueden ir a la huelga en cualquier momento y la administración colonial del gobernador Aníbal Acevedo se prepara para el paro con fuerza militar y policiaca.
La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), a través de una asamblea de 1.200 delegados, aprobó un paro a fines del año pasado si el gobierno no negociaba de buena fe. Según la Ley 45 que gobierna las relaciones laborales del sector público es ilegal que los sindicatos de ese sector se vayan a la huelga.
Según un reportaje del periodista Jesús Dávila en el periódico neoyorquino El Diario-La Prensa dirigentes del gobierno, el departamento de Educación, la Guardia Nacional en Puerto Rico, y la policía se reunieron 3 de febrero para trazar planes en contra de la huelga de los educadores.
De su parte el gobierno a través del secretario de Educación, Rafael Aragunde empeoró la situación, acudió a la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público radicó cargos en contra de la FMPR. A pesar de solo habían tomado un voto afirmativo sobre un paro, la Comisión le quitó a la FMPR la autoridad de representar al magisterio.
El gobierno está tratando de que maestros jubilados y estudiantes de educación sirva de esquiroles, pero estos están rechazando jugar ese papel.
La FMPR está luchando contra la decisión de la Comisión en las calles con protestas, en los tribunales puertorriqueños y estadounidenses, y en la legislatura.
Desafortunadamente, los sindicatos norteamericanos organizados en Puerto Rico se han opuesto al paro magisterial y están apoyando al gobierno-patrón en este caso.
Los sindicatos de la AFL-CIO y Change to Win dicen que se oponen porque si los casos legales de la FMPR porque se anularía en total la Ley 45 que le otorga el derecho a la representación sindical a los empleados públicos.
Antes de la Ley 45 los sindicatos organizaban a los empleados del sector público y negociaban “entendimientos” con las agencias gubernamentales. Esos sindicatos usaban a la huelga como forma de presión.
La falta de solidaridad de la AFL-CIO y Change to Win es sospechosa visto que la FMPR cortó sus lazos a la Federación Americana de Maestros, afiliada a la AFL-CIO, de la cual era parte desde poco después de que originalmente se organizó, y la Asociación de Maestros de Puerto Rico, rival de la FMPR, hoy en día está afiliada a la SEIU de Change to Win.
Mientras tanto la FMPR se ha reunido con los dirigentes de los partidos puertorriqueños en la legislatura (Partido Independentista, Popular Democrático, y Nuevo Progresista) y estos han aceptado hacer las necesarias enmiendas a la ley para que esta quede en vigencia si uno de los tribunales declara inconstitucional la prohibición a la huelga. La Sección 18 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho a la huelga y hacer piquetes.
Aunque los sindicatos estadounidenses no están solidarios con la FMPR, las uniones laborales puertorriqueñas han tomado una posición diferente. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Unión Laboral de Empleados de la Salud, todas con empleados del sector público, entre otras se unieron al Frente Amplio en Apoyo a la Huelga Magisterial y en Defensa de la Escuela Pública. Organizaciones de la sociedad civil, estudiantiles, y de grupos y partidos políticos patrióticos y de izquierda también se unieron en defensa de los maestros.
Las reclamaciones de la FMPR, sindicato más grande de Puerto Rico que cuenta con unos 40 mil integrantes, no son solo salariales y por mejores condiciones de trabajo. La FMPR dice que busca “medidas específicas para mejorar la educación que reciben nuestros estudiantes”.
Estas son:
• Tope de 15 estudiantes por grupo para darle atención individualizada.
• El nombramiento de maestros de Bellas Artes, Educación Física, Educación Especial, Salud y otras materias para enriquecer la oferta académica.
• El nombramiento de sicólogos, trabajadores sociales y otro personal necesario.
• Que todas las escuelas cuenten con una Biblioteca habilitada funcionando.
• Medidas concretas de salud y seguridad para garantizar unas condiciones de estudio adecuadas y sin interrupciones.
• Maestros sustitutos o itinerantes disponibles para atender a los estudiantes.
• Normas de organización escolar democráticas y participativas que garanticen los ofrecimientos y las condiciones que los estudiantes se merecen.
• Materiales y equipo disponibles para cada curso adecuados a las necesidades de los estudiantes.
• Garantías contra la privatización de las escuelas para asegurar una educación pública, gratuita, libre y de calidad.
