Editorial

Rod Paige, secretario del departamento federal de Educación, tildó a la Asociación Nacional de Educación (NEA), el sindicato y grupo profesional más grande de profesores, como una “organización terrorista”.

Con esto el funcionario educativo más alto de la administración Bush no solo pinta a los casi tres millones de maestros afiliados a la NEA como “terroristas” y por ende a los de la Federación Norteamericana de Maestros de la AFL-CIO, sino a todos los educadores, padres e estudiantes que luchan por mejorar la educación de nuestros hijos.

¿Qué hizo la NEA para ser calificado como “terrorista”? Los profesores simplemente criticaron a la administración Bush por no poner suficiente fondos en su programa de educación “Ningún Niño Quede Rezagado”, un programa que no es adecuado para la enseñanza pública, que hasta republicanos están rechazando.

Los ataques contra esta organización de educadores no es simplemente un enojo de parte de la administración porque critican a su hipocresía por no financiar hasta su propio programa. Esto es parte del afán de la extrema derecha por callar y hasta ilegalizar toda disensión contra su política antipopular usando las secuelas del 11 de septiembre como excusa.

Esto lo vemos en el recién caso en la Universidad Drake de Iowa, donde las autoridades empezó a investigar el Gremio Nacional de Abogados, una organización progresista de abogados y profesores y estudiantes de derechos, por organizar contra la guerra en Irak. También lo vemos en los intentos de la administración Bush enmendar las leyes para darle más poder a las autoridades federales contra los derechos democráticos del pueblo.

Está claro. Si queremos defender y preservar los derechos democráticos de los cuales gozamos, tenemos que sacar a la ultraderecha de la Casa Blanca y el Congreso. Para lograr esto no es necesario salir a votar, sino tenemos, cada uno de nosotros, que movilizar a nuestros vecinos, familiares, y amistades que hagan uso de su voz y voto para derrocar a Bush este noviembre.