La guerra larga contra Cuba

>Archive - PWW Print Edition Archive - 2006 Editions - July 22, 2006


 

Siguiendo un informe publicado en mayo de 2004, la “Comisión Norteamericana de Asistencia a una Cuba Libre” emitió otro reporte que apareció en la página de la Internet del departamento de Estado el 20 de junio, pero que no fue anunciado al público hasta el 10 de julio. La comisión encabezada por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice no es más que la última encarnación de la campaña permanente del gobierno norteamericano por derrocar al gobierno socialista de la isla.

Secciones del reporte hablan del derrocamiento de la “dictadura de Fidel Castro”, la celebración de “elecciones libres y honestas”, y la construcción de una economía de mercado. Un capítulo discute el papel de los expatriados cubanos, y hay otro sobre “preparaciones actuales para apoyar a la transición”.

Se les avisa a los lectores que este es un “reporte no clasificado”, pero, “por razones de seguridad nacional e implementación efectiva, algunas recomendaciones se reproducen en un anexo clasificado separado”.

Comentando sobre el anexo secreto, Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba dijo irónicamente, “Lo más importante es el reconocimiento de EEUU de que existe un plan secreto para instalar otro gobierno… ¿Qué diablos dice la parte secreta de un documento que reconoce, públicamente, una serie de violaciones al derecho internacional?”.

Alarcón al calificó al reporte como “una declaración de guerra”.

El reporte de 61 páginas proyecta la formación de un “gobierno de transición” después de la muerte del presidente cubano, Fidel Castro, que comenzaría de inmediato la organización de elecciones multipartidarias. Se habla de la liberación de supuestos presos políticos, la desaparición del Partido Comunista y la “restauración” de los derechos individuales. Se prevé la distribución al pueblo cubano de “ayuda humanitaria” durante las primeras etapas del período de transición.

Se supone que ya habrá esperando un régimen de transición listo para imponerse, aunque guarda silencio el reporte sobre este punto. Sin embargo, el reporte especifica que necesitan apoyo ahora elementos de oposición en Cuba y en el exilio como posibles funcionarios de un pretendido gobierno nuevo.

A este fin la comisión recomienda gastar 80 millones de dólares durante los próximos dos años “para fortalecer la sociedad civil cubana, despertar a la conciencia internacional, [y] quebrar el boqueo informativo del régimen” sobre los “disidentes” del país. También busca gastar unos 20 millones de dólares anualmente “hasta que no deje de existir la dictadura”.

Vuelven a recurrir determinados temas en el reporte, entre ellos los peligros de la alianza Venezuela-Cuba, el papel de la Ley Helms-Burton de 1996 en conceder legalidad a la intervención norteamericana, y el ejemplo de “transición” ofrecido por los países de Europa oriental.

El reporte toma duras penas por subrayar que la “asistencia” norteamericana dependería en la petición formal del gobierno de transición.

Se ofrecen como medidas de supervivencia para Cuba la privatización, la libertad empresarial y la participación en la economía mundial del mercado. Alega el reporte que los exiliados cubanos, los bancos internacionales, las empresas multinacionales, los donantes privados y agencias de la ONU ofrecerían el dinero necesario para la transición en Cuba, y no Washington.

En esta versión del reporte ya no merecieron mencionarse la “Comisión por la Restauración de Derechos de Propiedades”m ni la “Comisión Permanente para la Reconstrucción Económica” (para manejar una economía possocialista cubana). Al parecer, los exiliados cubanos adinerados, cuyos grandes latifundios y fábricas fueron nacionalizados por la Revolución Cubana, están siendo aconsejados a guardar silencio sobre sus deseos de recuperar sus antiguas propiedades mal adquiridas.

Acalla también el reporte las amenazas a los dirigentes revolucionarios cubanos, expresadas en la versión del 2004. Sin embargo, puedan tener problemas los carceleros, fiscales y los que maltraten a “disidentes”; se nombran a estos entre como merecedores de castigo.

Los estadounidenses que desafían las restricciones de viaje a Cuba pueden que tengan otra causa por qué estar preocupados en vista de una recomendación de que se les impongan cargos criminales a “los que se encuentran involucrados en la organización o facilitación de transacciones de viaje sin lincencia con Cuba”.

Los autores del reporte expresan su admiración por el “liderazgo y la valentía” del pueblo cubano. Son “nuestros aliados naturales en quebrar tanto a la dictadura que al eje Cuba-Venezuela que la protege y la sostiene… El pueblo cubano tiene derecho a determinar su futuro… Se le debe regresar su soberanía”.

Para cualquier observador objetivo de la historia de Cuba, queda transparente la hipocresía de tales palabras. Gracias a un bloqueo brutal impuesto por EEUU el pueblo cubano ya tiene cuatro décadas de ser tratado injustamente, su soberanía bajo sitio. Miles de cubanos han sido víctimas del terrorismo cruel patrocinado por EEUU, personificado con tipos como Luis Posada Carrilles y Orlando Bosch, ambos ya gozando de la protección norteamericana.

Pero, según Ricardo Alarcón, el nuevo reporte es esencialmente una repetición de su hermano mayor que salió hace dos años. Con eso surgen preguntas: ¿Por qué otro reporte, y por qué ahora? La respuesta es que nos encontramos en pleno año electoral y a los estrategas republicanos les puede resultar útil el reporte como herramienta para complacer a las bases ultraderechistas de Bush en Florida.