Unidad vence ley anti inmigrate:
Sigue lucha por la acción affirmativa
Por Evelina Alarcón
LOS ÁNGELES - Por fin se acabó la Proposición 187, esa medida que data del 1994 y que inició una ofensiva nacional de la ultra derecha contra los inmigrantes. No ocurrió sin una batalla. Tras semanas de negociaciones con organizaciones de derechos civiles opuestas a la 187, el Gobernador Gray Davis accedió a no apelar una decisión federal anterior que falló de inconstitucional a gran parte de la iniciativa. Efectivamente esto anula la legislación que incitó una de las campañas más nocivas contra inmigrantes en toda la historia de nuestra patria.
El acuerdo, presentado al Noveno Tribunal Federal de Apelaciones en San Francisco el 29 de julio, prohíbe para siempre las provisiones centrales de la proposición. Eso incluye las que impide a los niños inmigrantes e indocumentados que asistan a las escuelas públicas y a los inmigrantes indocumentados que reciban el cuidado médico y los servicios sociales.
Asimismo el acuerdo elimina una de las partes más amenazantes de la ley - la necesidad de que los policías, los administradores escolares, los maestros y los obreros de la salud delaten a los inmigrantes que se supone no tengan documentación al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS - o sea, la migra) para que sean deportados.
"Esperamos que esto constituya el primero en una serie de cambios en California desde la divisibilidad [del antiguo Gobernador Wilson] hasta una atmósfera de tolerancia, inclusión y una sola comunidad californiana", expresó Gloria Molina, la Superintendente del Condado de Los Ángeles y presidenta del Fondo Legal y Educacional Mexicano Norteamericano (MALDEF), una de las organizaciones que entablaron el pleito contra la 187.
La directora de comunicaciones del MALDEF, Laura Ferreiro, informó a El Mundo que la decisión de eliminar la Proposición 187 ya le dará oportunidad a los inmigrantes indocumentados para conseguir varias beneficios del cuidado médico y de la educación que anteriormente les fueron denegadas.
Líderes y organizaciones mexicano norteamericanas y latinas han encabezado el esfuerzo para librar el estado de la 187. Enviaron mensajes fuertes al Gobernador Davis informándole que el cumplimiento de la promesa hecha durante su campaña electoral de terminar la era de la política divisoria significaba poner fin a esta proposición racista y anti latina.
El vice gobernador Cruz Bustamonte, el primer mexicano norteamericano elegido a este puesto estatal, puso en juego su carrera para protestar la decisión previa del Gobernador Davis para llevar la 187 a negociaciones en vez de dejar la apelación estatal a la decisión del tribunal federal que falló de inconstitucional la medida. El antiguo Gobernador Pete Wilson inició la apelación.
El Vice Gobernador Bustamonte, en desacuerdo con su socio demócrata el Gobernador Davis, presentó un expediente amicus ("amicus brief") al tribunal en apoyo de la decisión de inconstitucionalidad de la 187 de la jueza federal Mariana Pfaelzer. "!Para mí constituye una cuestión de principios! No puedo volver a casa y mirar a mis hijos, a mi madre, mi comunidad y decir que mientras yo estaba deshonré el puesto del vice gobernador mediante el silencio en torno a este asunto", precisó Bustamonte. Los líderes de 26 grupos africano norteamericanos y latinos respondieron en seguida mediante una carta abierta elogiando al vice gobernador por "declararse a favor de los derechos de todos los californianos".
Presión semejante, incluyendo llamadas telefónicas, cabildeos y críticas del Gobernador Davis de todas partes del estado, por fin lo convenció para que dejara la apelación.
Inició la Proposición 187 una coalición de la ultra derecha. Organizó una llamada campaña "Salven nuestro Estado" que hizo chivos expiatorios de los inmigrantes culpándolos de todos los problemas económicos, sociales y educacionales de California.
El antiguo Gobernador Pete Wilson abogó por la 187 calumniando a los inmigrantes para poder ser re electo al disminuir su popularidad al 20 por ciento, el nivel más bajo del gobernador en toda la historia californiana. Fue mayormente el partido republicano que financió la campaña en pro de la 187 y en breve ésta llegó a ser una parte integral del Contrato de América ultra derechista del partido por todo el país. Los argumentos falsos y anti inmigrantes utilizados para conseguir la aprobación de la Proposición 187 en California fueron los mismos utilizados por los republicanos para demandar los proyectos de reforma tanto del bienestar social como de la inmigración, aprobados los dos en el 1996.
El racismo extraordinario y el chovinismo de la 187 también prepararon la legislatura para que aprobara otras medidas racistas en California - la Proposición 209 anti afirmativa y la 227 contra la educación bilingüe. La aprobación de estas proposiciones incitó una reacción histórica de los latinos. La aprobación de la Proposición 187 dio por resultado una de las manifestaciones de protesta más grandes que nunca; decenas de miles marcharon en Los Ángeles.
Las organizaciones mexicano norteamericanas, latinas y asiático norteamericanas iniciaron campañas exitosas a fin de movilizar a miles de inmigrantes para hacerse ciudadanos. Se inscribió a más de un millón de latinos. La creciente participación de los latinos en el campo electoral de California junto con la movilización laboral y el voto africano norteamericano constituyeron la base de la votación que derrotó a los republicanos por todas partes del estado en 1998.
El voto latino aquí así como en otros estados constituyó una parte significativa de asegurar que los republicanos no se apoderaran ni del Congreso ni de la Casa Blanca en el 1996, e impidió que establecieran un Senado a prueba de veto ("veto proof Senate") en el 1998.
Aunque el fin de la 187 constituye una victoria tremenda, las fuerzas en pro de los derechos civiles tienen que continuar presionando al gobernador que está dándose por vencido con respecto a la acción afirmativa y la educación bilingüe. El gobernador escandalizó a sus socios demócratas en la legislatura estatal recientemente al vetar un proyecto escrito por el Senador estatal Richard Polanco. El proyecto fue ideado para mantener los programas de servicio especial de asistencia pública ("outreach programs") para los grupos minoritarios y las mujeres en la contratación gobernativa. Davis, pese a ser oponente fuerte de la Proposición 209 contra la acción afirmativa, arguyó que el proyecto de Polanco violaba las clausulas de la 209 que prohibían los esfuerzos basados en la raza o en el género. El gobernador aseveró mediante su veto que el servicio de asistencia pública debía ser limitado sólo por los factores económicos y geográficos.
El Gobernador Davis ha reiterado varias veces que es su agenda empujar al partido demócrata al centro y respetar las decisiones de los votantes incluso cuando esté de desacuerdo con ellas. Fue este su razonamiento al enviar la 187 a las negociaciones y actualmente al vetar el proyecto de Polanco. Ha indignado las organizaciones de derechos civiles por todo el estado. El de que los latinos y los grupos de derechos civiles pudieran presionar al gobernador para que cambiara de idea en torno a la 187 significa que hay que luchar con el gobernador sobre la acción afirmativa así como sobre la educación bilingüe.